Departamento de Salud abandona laboratorios de VIH

Durante seis meses, de agosto 2018 a enero de 2019, el Departamento de Salud no hizo las pruebas de carga viral, prueba que es esencial para evaluar el progreso del tratamiento para los pacientes de VIH, según denunció Gerson L. Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores.

“Estamos denunciando que al presente no se están haciendo las pruebas de CBC, pues la compañía que suministra el equipo y los reactivos para las mismas ha dejado de suministrarlos, ya que no le han hecho pagos desde hace ya más de un año. A los pacientes que han reclamado las pruebas se les ha indicado que deben hacerlas en laboratorios privados y a su costo, cuando muy bien los han podido referir a los Centros”— expresó.

Para el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), el Departamento de Salud ha estado poniendo en práctica la receta clásica que se utiliza cuando se pretende entregar una actividad gubernamental a la empresa privada en los centros de tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. 

“Los Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (CPTET), donde reciben tratamiento unos 9,000 pacientes de VIH y otros 3,000 con diferentes diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual, han venido experimentando la inhabilitación clásica de las operaciones que es de uso común en estos casos” dijo Guzmán López. 

El líder sindical añadió que otra medida adoptada por la administración de los Centros, es limitar la prueba C4/C8,- que mide la cantidad de proteínas en la sangre, una función importante en su sistema inmunitario – para no tener que pagar los reactivos que se necesitan. Esta medida se suma a las limitaciones que ya se han puesto en práctica en el pasado y que progresivamente van deteriorando los servicios y desviando los pacientes hacia entidades privadas donde personalmente tienen que asumir los costos.

Empleados de los diferentes centros, que operan en los pueblos de Bayamón, Isabela, Arecibo, Caguas, Carolina, Fajardo, Mayagüez, Ponce y Humacao, han señalado que se continúan facturando los servicios a los planes médicos, pero se desconoce quién o a dónde van a parar los fondos que así se obtienen.

“Para la Unión General de Trabajadores es totalmente inaceptable el manejo y la administración que se hace de estos importantes centros de tratamiento donde no tan solo debe hacerse una labor de tratamiento, sino que deben servir el objetivo de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, tarea que nunca va a asumir una entidad privada pues la misma no añade nada a la rentabilidad de las operaciones” concluyó Guzmán López.

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