Ciudadano exige suspensión inmediata de escoltas a Rosselló

El caso de las escoltas que Pedro Pierluisi autorizó a Ricardo Rosselló a su salida de La Fortaleza y que le cuestan miles de dólares al contribuyente puertorriqueño, han sido motivo de una demanda radicada por el licenciado Orlando José Aponte, quien asegura en el documento sometido ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan que el acto ejecutivo se efectuó en contra de la ley y de los mejores intereses de los puertorriqueños, pidiendo así la suspensión inmediata de la misma. 


“Un grupo de abogados estuvimos trabajando en este caso tema de manera muy detallada. Aunque la gobernadora Wanda Vázquez le expresó ayer a un medio de comunicación que dichas escoltas serán suspendidas, lo que estamos buscando es que eso no quede en una intención y se ejecute debidamente. Queremos que haya un precedente judicial para que esta injusticia no vuelva a ocurrir. El tema de las escoltas por años ha sido muy discutido en los medios de comunicación, pero hace falta una disposición legal clara. Eso es lo que el País pide y merece”, expresó Aponte. La demanda es contra Henry Escalera, en calidad de Comisionado del Negociado de la Policía.


El documento legal le solicita al Tribunal que se declare con lugar la demanda y que se señale una vista de injunction preliminar a la mayor brevedad posible, para que el Negociado de la Policía comparezca a mostrar causa por la cual no deban concederse los remedios solicitados y, luego de celebrada ésta, se emita la orden de injunction preliminar ordenando al Comisionado Escalera a cesar y desistir de inmediato de continuar asignando escoltas fuera de la jurisdicción de Puerto Rico a personas privadas que no son funcionarios del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.


“Para este servidor es importante que se establezca, que quede claro que haya una sentencia declaratoria determinando que, para que un gobernador electo pueda ser considerado exgobernador para cualquier propósito legal, debe estar en el cargo, al menos, por un período ininterrumpido de cuatro (4) años. Eso establecería las bases para que una irregularidad como la que estamos viendo, se vuelva a repetir”, finalizó Aponte.

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